El Consejo de Ministros, el pasado 9 de febrero de 2021, aprobó el Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, incluyendo sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 240.000 euros en caso de incumplimiento. Se establece un marco regulador en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, especialmente, policiales, fiscales y judiciales, en la labor de prevención, persecución y enjuiciamiento de delitos.
El mencionado Proyecto de Ley transpone la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Asimismo, la norma se encuentra dentro de las medidas en materia de protección de datos fomentadas por la Comisión Europea. Esta Ley tiene como propósito favorecer la cooperación internacional policial y judicial europea, así como la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente el derecho a la intimidad reconocido por el artículo 18.4 de la Constitución.
El proyecto ha sido remitido a las Cortes Generales, solicitando que su tramitación sea llevada a cabo por el procedimiento de urgencia.
